El general de Brigada Manuel López Ambrosio, subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, explicó a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) los objetivos y procedimientos contemplados en el Estado de Sitio, disposición que la Constitución de la República establece que sea aplicado cuando la seguridad está en riesgo.

Entre las principales restricciones que tendrán los pobladores, por considerarlas riesgosas, es la portación de armas de fuego, reuniones, manifestaciones y conatos de huelga. Se excluyen las actividades deportivas y religiosas, explica el jefe militar, en alusión a las actividades por la celebración de la Feria Patronal del lugar.

Con normalidad

El coronel Rudy Ortiz recordó que el Estado de Sitio no necesariamente debe paralizar las acciones de los ciudadanos, pero éstos están a disponibilidad de las autoridades ante alguna acción que pudiera romper con el orden público.

El Estado de Sitio, decretado en Consejo de Ministros, se basa en la Constitución de la República y su artículo 138, que establece que en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos constitucionales. Mientras, la Ley del Orden Público (artículo 16) indica que podrá decretarse Estado de Sitio no sólo con motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado, sino también cuando se registren o tuvieran indicios fundados sobre actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva.

Alto riesgo

La presencia de líderes “negativos” en las comunidades de Santa Rosa y Poza Verde serían los elementos que propician su calificación como lugares riesgosos, según las autoridades castrenses, aunque las detenciones podrían realizarse por elementos del Ejército, las mismas serán dirigidas por fiscales del Ministerio Público (MP), dijo el subjefe del Estado Mayor de la Defensa.

El debido proceso

Las investigaciones y recolección de pruebas están a cargo de los fiscales del MP e investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC). Según el General de Brigada, el objetivo es garantizar que los responsables sean llevados ante las autoridades judiciales, cumpliendo con el proceso legal correspondiente, o lo que es conocido como “debido proceso”.

Aunque los pobladores de Santa Cruz Barrillas evitaron comentar sobre la situación en la comunidad a la AGN, las conversaciones en los restaurantes y lugares públicos giran alrededor de conocer las restricciones que conlleva el Estado de Sitio, pero demuestran apoyo al Ejército y las acciones emprendidas en contra de la delincuencia. Santa Cruz Barrillas es uno de los municipios más alejados de Huehuetenango; cuenta con 120 mil habitantes y 333 aldeas y caseríos.