Luego de agradecer la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de gestionar recursos para combatir la migración irregular, los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y Honduras, Juan Orlando Hernández, y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Samuel Ortíz, acordaron con su homólogo mexicano “crear un fondo con el objetivo fundamental de implementar el Plan de Desarrollo Integral, que incluya programas, proyectos y acciones específicas a efecto de generar empleos y combatir la pobreza.
En el marco de la ceremonia de toma de posesión de López Obrador, los mandatarios de Centroamérica sostuvieron una reunión de seguimiento al encuentro de Cancilleres, en la cual se sentaron las bases para el impulso de programas que “generen desarrollo y oportunidades a nivel local”, con lo cual se busca prevenir la migración irregular y, al mismo tiempo, atacar las causas estructurales que provocan la salida forzada de los ciudadanos.
“Bajo nuestra visión, la migración históricamente ha sido fuente de progreso para los países de origen, tránsito y destino; sin embargo, debe atenderse de manera integral, invirtiendo en programas que fortalezcan las capacidades de nuestros países y así coadyuvar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, se puntualiza en la declaración suscrita hoy por los mandatarios.
Los gobernantes coincidieron en que el fenómeno de la migración irregular debe enfrentarse de manera conjunta, a fin de procurar que sea segura, ordenada y regular.
“Reconocemos el vínculo entre el desarrollo del sur de México con el desarrollo de El Salvador, Guatemala y Honduras; por ello es necesario generar iniciativas basadas en objetivos comunes y contar con recursos adicionales para la implementación del Plan de Desarrollo Integral”, añade el documento de dos páginas.
Finalmente, el plan hace ver la importancia de que se respete la dignidad de las personas migrantes, según el derecho internacional, en especial “el interés superior del niño, sin importar su condición migratoria”, lo cual irá acompañado del combate a los delitos vinculados con el tráfico de personas, así como el apoyo a programas de regularización.