El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) fue el primer ministerio en actualizar y ampliar su Plan Institucional de Respuesta (PIR), entregado el 3 de julio de 2024 a la vicepresidenta Karin Herrera.
Ahora se puede atender de mejor manera a la población cuando ocurran emergencias climáticas, porque se tienen dieciséis protocolos de respuesta que incluyen acciones anticipatorias, con lo cual el MAGA está en mejores condiciones para gestionar riesgos y coordinar respuestas ante fenómenos hidrometeorológicos y otras crisis.
La nueva versión del PIR incluye dieciséis protocolos de respuesta, que detallan los procedimientos para actuar ante emergencias que afecten los sectores agrícola, pecuario, hidrobiológico y forestal en el país.
En comparación con versiones anteriores, que solo contaban con ocho protocolos, esta tercera edición amplía su alcance con nuevas áreas de acción, tales como:
1. Comunicación por emergencia agropecuaria.
2. Gestión de alimentos en crisis alimentarias.
3. Gestión de centros de acopio.
4. Acciones de búsqueda y rescate.
5. Acciones ante emergencias fitozoosanitarias.
6. Acciones por inundaciones.
7. Acciones por sequías agrícolas.
8. Acciones por deslizamientos.
9. Acciones por heladas.
10. Acciones por incendios forestales.
11. Acciones por amenazas volcánicas.
12. Acciones por sismos.
13. Acciones por brotes epidemiológicos.
14. Acciones por marea roja (florecimientos algales nocivos).
15. Acciones por manejo de materiales peligrosos.
16. Atención de animales en desastre,
El PIR actúa como un protocolo de gestión de riesgos, asignando funciones y responsabilidades específicas, que permiten la coordinación adecuada de las acciones de respuesta.
Gracias al monitoreo constante del Centro de Información Estratégica Agropecuaria (CIEA) y la colaboración con la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED).
El MAGA puede identificar y evaluar de manera temprana los riesgos agroclimáticos, lo que permite tomar decisiones oportunas para mitigar los impactos en las producciones agrícola, pecuaria, hidrobiológica y forestal.
