Para saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas, el gobierno del presidente, Bernardo Arévalo, impulsa una reforma al artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. La propuesta busca fomentar su desarrollo económico y social mediante la inversión pública y la construcción de obras en tierras comunales.
La normativa vigente establece que, en caso de bienes comunales, “la cesión de la posesión deberá realizarse a la municipalidad o institución” a cargo del proyecto por medio del acta de la Asamblea Comunitaria y acta notarial.
La reforma planteada al Congreso de la República busca modificar el artículo 30 Bis y adicionar el artículo 30 Quarter, para autorizar la construcción de infraestructura, así como la programación y asignación de recursos para estudios de preinversión de obras en terrenos comunales.
Además, establece un plazo mínimo de 20 años para garantizar el buen uso del presupuesto público, garantizando la claridad y certeza jurídica; las comunidades no tendrán que ceder el título de propiedad a la entidad encargada de la inversión, todos estos aspectos aportarán al cumplimiento del artículo 67 de la Constitución Política de la República.
La iniciativa de reforma fue firmada por el presidente, Bernardo Arévalo, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, y Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario General de la Presidencia de la República, con la presencia y respaldo de autoridades ancestrales de los pueblos indígenas de diferentes territorios del país.
Impulsar el desarrollo
El cambio en la legislación permitiría a las instituciones públicas edificar infraestructura vital como escuelas, hospitales, centros de salud, centros de atención permanente, salones comunales y cualquier obra que acerque los servicios básicos esenciales a todos los territorios del país para su desarrollo.
“Desde el Gobierno de la República reconocemos la importancia de llevar a cabo las reformas legales e institucionales necesarias para promover los derechos y el desarrollo de los pueblos”, afirmó el presidente Arévalo.
Mientras que Mónica Mazariegos, subsecretaria Privada de Diálogo Político y Gobernabilidad, detalló que con las reformas se busca evitar el despojo de tierras comunales, protegidas por la Constitución y revertir la exclusión de los pueblos indígenas de la inversión pública.
La funcionaria remarcó que la propuesta no implica una reforma agraria, expropiación de tierras, tampoco aborda conflictos de tenencia, diferendos territoriales o disputas por fronteras limítrofes entre municipios y no promueve beneficios para propietarios individuales ni desvirtúa o compromete la propiedad de las municipalidades.
Respaldan reformas
Dina Juc, alcaldesa de la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá, expresó su apoyo a la propuesta del gobierno del presidente Arévalo, asegurando que permitirá la inversión pública en las comunidades indígenas históricamente olvidadas, garantizando la integridad de sus territorios.
“Estamos convencidos que esta reforma representa un avance clave para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala y una oportunidad para garantizar que el desarrollo llegue a nuestras comunidades”, agregó Bibiana Ramírez, autoridad indígena de la Articulación del Pueblo Mam de Quetzaltenango.
Por su parte, Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, Sololá, explicó que el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto ha generado obstáculos para el impulso de proyectos de distinta índole en sus comunidades, porque en varios casos representaba la concesión de propiedades sin la certeza que las obras cumplieran la función prevista a largo plazo.