Por Virginia Contreras
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) dio a conocer la propuesta de una nueva ley de contrataciones públicas, con la que se busca reemplazar la normativa vigente desde 1992. El proyecto plantea la reorganización integral de los procedimientos de adquisición pública, mediante un marco legal actualizado que estandariza procesos, delimita funciones y refuerza los sistemas de control administrativo.
En ese contexto, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, refirió que fue elaborada por la institución que preside en coordinación con diversas entidades públicas y con apoyo técnico de organismos internacionales, lo que plantea una transformación integral del sistema de adquisiciones del Estado.
Dicha iniciativa de ley será entregada al Congreso de la República en las próximas semanas, como parte de la agenda legislativa que impulsa el Gobierno.
Peso económico
El titular de la cartera del Tesoro destacó que, en 2024, según los Informes de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, la contratación pública representó el 55.6% del gasto total y el 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, lo que evidencia su peso estructural en la economía nacional.
Explicó que la nueva ley consta de siete títulos, 23 capítulos, 11 secciones y más de 260 artículos. Agregó que su formulación responde a la necesidad de actualizar el marco normativo que presenta limitaciones frente a las exigencias actuales del sector público para adquirir bienes, servicios y obras de forma ágil y eficiente.
Contrataciones más eficientes
Se resaltó que plantea la transición hacia un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas que permita implementar políticas públicas con mayor efectividad y fortalecer las cadenas productivas. Para ello, se promueve la adopción de principios y prácticas internacionales, el fortalecimiento de las instituciones rectoras y la profesionalización de los compradores públicos.
Asimismo, se reconoce la necesidad de contar con una base plural de proveedores éticos y técnicamente aptos, mediante procesos estandarizados, ágiles, competitivos y transparentes, apoyados en herramientas de contratación pública electrónica.
Mejoras sustantivas
La nueva ley introduce mejoras sustantivas frente a la normativa vigente, al fomentar la realización de compras públicas por medios electrónicos a través de Guatecompras. Además, establece un proceso de contratación estandarizado con etapas claramente definidas —preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución— que permite ordenar y supervisar cada fase del procedimiento.
Asimismo, delimita funciones específicas para las autoridades involucradas (superior, administrativa y unidad ejecutora), según la etapa correspondiente, lo que contribuye a una gestión más clara y responsable.
También contempla el uso obligatorio de documentos estandarizados, con estructura, lenguaje y requisitos uniformes, independientemente de la entidad contratante, lo que reduce ambigüedades y errores en la formulación de expedientes.