Por Virginia Contreras y Francis Urbina
En el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Ministerio de Finanzas al Congreso de la República, se incluyó la propuesta de que el Estado de Guatemala participara como accionista capital ordinario tipo “C” en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Para ello, se planteó la compra de 2,817 acciones de la serie C, con un valor unitario de US$14,200, cuyo pago se cubriría con cargo al presupuesto nacional del próximo año.
Es importante subrayar que el Ministerio de Finanzas no solicitó el uso de las reservas monetarias internacionales para realizar esta operación. La propuesta original establecía que los pagos se hicieran con fondos del presupuesto nacional 2026. Sin embargo, durante el proceso legislativo, el Congreso de la República decidió modificar el artículo 85 del Presupuesto y facultó al Banco de Guatemala para que el compromiso se honrara mediante un cambio contable: sustituir parte de las reservas monetarias internacionales por acciones del CAF, disposición quedó establecida en el artículo 86 del Presupuesto aprobado para 2026.
En este contexto, el Ministerio de Finanzas únicamente puede gestionar la operación ante el Banco de Guatemala. La decisión final corresponde a la Junta Monetaria, que debe emitir las opiniones técnicas y legales necesarias para garantizar su viabilidad. En caso de advertirse algún aspecto de inconstitucionalidad, el Organismo Ejecutivo podrá solicitar opinión a la Corte de Constitucionalidad.

Cabe recordar que el Banco de Guatemala ha realizado operaciones similares en el pasado, al adquirir acciones en organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y el BCIE, por más de US$250 millones. Estas transacciones no constituyen un gasto, sino un cambio en la composición de los activos: se reduce la cuenta de depósitos en el exterior y se incrementa la cuenta de aportes a organismos financieros internacionales.
Por lo tanto, el Ministerio de Finanzas podría realizar las consultas correspondientes ante la Corte de Constitucionalidad para contar con claridad jurídica sobre la legalidad de la utilización de las reservas monetarias internacionales aprobada por el Congreso.
Al mismo tiempo, se da a conocer que el CAF ofrece líneas de crédito, al sector público y privado, cooperación no reembolsable y asesoría técnica en asuntos que son vitales para el desarrollo de Guatemala. Si bien, todavía no se ha iniciado ninguna conversación en torno a líneas de financiamiento, se está avanzando en el desarrollo de cooperación para la ejecución de proyectos ferroviarios, así como proyectos de turismo.

