En respuesta a las necesidades de ordenamiento y certeza jurídica de la población, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), por medio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), generó beneficios directos mediante la emisión de 598 dictámenes técnicos y 1164 resoluciones de arrendamiento en 2025.
Estas acciones brindan estabilidad legal a las familias y permiten la viabilidad de proyectos de infraestructura en zonas estratégicas. El apoyo institucional se ha traducido en la recuperación de vías y franjas de uso público, como la apertura de un canal en Moyuta, Jutiapa, para mitigar inundaciones.
Asimismo, en Sololá se facilitó la planificación de malecones y ciclovías, lo que potencia el turismo local, genera empleo y mejora la seguridad de los habitantes en las riberas del Lago de Atitlán.
La atención a la comunidad educativa destaca con la regularización catastral de 33 centros escolares en Izabal. Este esfuerzo interinstitucional garantiza que la población estudiantil cuente con servicios educativos en espacios seguros, legalmente establecidos y debidamente planificados dentro de las áreas de reserva.
Para optimizar el servicio al usuario, se implementó el proyecto DOCRET, logrando la digitalización de 12 mil 992 expedientes históricos. Esta modernización tecnológica permite una consulta ágil, reduce los tiempos de respuesta en los trámites de los ciudadanos y asegura la transparencia en la gestión de sus solicitudes.
En materia de protección ambiental y social, se impulsó la conservación del ecosistema en Petén Itzá mediante el control de ocupaciones y rellenos. Estas medidas no solo resguardan la franja ribereña, sino que dinamizan la economía local a través de servicios turísticos sostenibles y resilientes ante el cambio climático.
El fortalecimiento técnico incluyó el uso de tecnología de alta precisión GNSS/RTK (Sistema Satelital de Navegación Global / Cinemático en Tiempo Real) para delimitar límites con exactitud de centímetros. Esto reduce errores de medición y conflictos territoriales, garantizando que el patrimonio del Estado y de los arrendatarios esté plenamente identificado.
Finalmente, el MAGA por medio de la OCRET, reafirma su compromiso con el ordenamiento territorial y la protección del dominio público en beneficio del desarrollo rural integral.
