El 70 % del territorio está vinculado a actividades agropecuarias que generan empleo, fortalecen la seguridad alimentaria y mejoran los ingresos de miles de familias en las comunidades rurales.
En dicho contexto, la diversificación de cultivos se consolida como una estrategia clave para reducir los riesgos asociados al clima y al mercado. Productores tradicionales de maíz y frijol incorporan hortalizas de ciclo corto, plantas medicinales y aromáticas, así como cultivos no tradicionales de mayor valor, lo que les permite contar con ingresos durante todo el año y optimizar el uso del suelo.
Otra práctica que cobra relevancia es la integración agrícola-pecuaria, que además de garantizar alimentos para el autoconsumo, genera excedentes destinados a la comercialización, contribuyendo a la sostenibilidad económica de las familias productoras.
Especialistas del sector coinciden en que el desarrollo rural no depende de una sola actividad, sino de la articulación entre producción, organización comunitaria, innovación y sostenibilidad. Apostar por el valor agregado y una agricultura responsable resulta clave para fortalecer el campo y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.
