Por Sandra Vi
En una reciente inspección técnica a la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), la primera Alianza Público-Privada del país, autoridades y el consorcio ejecutor informaron que la primera fase del proyecto se podría concretar en julio próximo, marcando un avance decisivo para la movilidad y la competitividad nacional.
Esta obra reducirá significativamente los tiempos de traslado entre Escuintla y Puerto Quetzal, disminuirá costos logísticos para el transporte de mercancías y generará un beneficio directo para miles de usuarios, transportistas y comerciantes que dependen diariamente de esta ruta.
Para julio de 2026, se proyecta la habilitación de los cuatro carriles (dos por sentido) que corresponden a la primera fase de la autopista, con una longitud de 42 kilómetros que abarca del 60.9 al 102.1.
El ministro de Finanzas Públicas y presidente del Consejo Nacional de Infraestructura (CNI), Jonathan Menkos Zeissig, señaló que el interés primordial del Gobierno es que se cumpla con los tiempos de ejecución para que la autopista funcione como un motor que cree las condiciones necesarias para atraer desarrollo al país.
Una apuesta estratégica
Kevin Valencia, director ejecutivo en funciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), explicó que los proyectos desarrollados bajo el modelo de APP representan una herramienta estratégica para cerrar la brecha de infraestructura en el país.
En sus palabras, este esquema “permite capitalizar recursos del sector privado para que el sector público eventualmente pueda destinar los recursos en otras infraestructuras que son necesarias para el país y así ir abarcando o rompiendo la brecha de infraestructura que tiene Guatemala”.
El viceministro de Infraestructura, Pedro Martínez, dijo que “es una de las primeras experiencias que se están llevando a cabo en Guatemala bajo esta figura, y eso representa un desafío importante”. También destacó que la obra fortalecerá la conectividad interdepartamental y optimizará el acceso a uno de los principales nodos logísticos del país.
Agregó que, bajo el modelo de APP el riesgo es transferido al participante privado, lo que alivia la carga financiera del Estado. La evaluación técnica y ejecución con los estándares establecidos está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Un corredor que mueve la economía
“Por la ruta Escuintla–Puerto Quetzal transita el 65% de la carga nacional y el 40% de los contenedores que ingresan a Guatemala”, explicó Sandro Testelli, director de Grupo Marhnos y del Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convía).
Añadió que la inversión privada ronda en US$200 millones y es financiada por medio de un crédito conjunto con los principales bancos del país, además de aportes de capital del concesionario. El contrato tiene una duración de 25 años y se rige por un sistema de indicadores que evalúan el desempeño y la calidad del servicio durante ese período.
Testelli enfatizó el impacto en el empleo: “hoy tenemos más de 800 trabajadores en el proyecto. Queremos crecer a 1 mil 200 en los próximos meses. A lo largo de los años, el componente económico podría generar hasta 20 mil empleos directos”, finalizó.
De acuerdo con el consorcio la autopista garantiza una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, lo que se traducirá en una reducción directa en los costos operativos del transporte y, por ende, en el precio final de los bienes de consumo.