El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) de Guatemala informa sobre la aprobación del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) para el Proyecto de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, bajo la modalidad de alianza público privada (APP). Esta decisión se basa en el estricto cumplimiento de requisitos contractuales establecidos y legislación, aprobados previamente por el Congreso de la República.
Es imperativo subrayar que todos los riesgos de inversión en este proyecto son asumidos por el proveedor privado, alineado con las disposiciones legales vigentes. Sin embargo, más allá del cumplimiento legal, la viabilización de este proyecto responde a un compromiso fundamental con el interés colectivo de los guatemaltecos.
Las repercusiones de no cumplir con la normativa vigente serían profundamente perjudiciales para el país. La judicialización del proyecto podría resultar en años de estancamiento para la mejora de la autopista principal hacia el puerto más importante del Pacífico guatemalteco. Además, implicaría un riesgo significativo de perder en arbitraje frente a la empresa contratista, deteriorando la confianza de los inversionistas en la seguridad jurídica del país. Los considerables retrasos acumulados harían que una nueva licitación bajo un modelo diferente resultará aún más costosa que la inversión actual.
A pesar de las limitaciones evidentes, es crucial reconocer que el acuerdo alcanzado conlleva beneficios tangibles para Guatemala. Ampliará la construcción de vías primarias, mejorando sustancialmente la conectividad y seguridad vial en la ruta CA-9, una condición fundamental para potenciar la productividad nacional.
La complejidad de materializar este proyecto deja enseñanzas cruciales, que como nación no podemos ignorar. Debemos actualizar nuestro marco legal para la contratación de obra pública, adoptando estándares internacionales de eficiencia, calidad y beneficios para el Estado. Asimismo, debemos fortalecer el servicio civil y las instituciones públicas para una gestión diligente de estas modalidades contractuales. Necesitamos una justicia imparcial que proteja a los funcionarios públicos que actúan con criterio técnico y profesional, y que persiga de manera firme los actos de corrupción. El legado del pasado no debe comprometer nuestro futuro.
Queda claro que hemos asumido el reto de tomar decisiones difíciles pero responsables. No toleraremos la inacción ni permitiremos que las circunstancias se deterioren por falta de voluntad política. Llamamos a todos los sectores de la sociedad a sumarse a la defensa de los derechos de los guatemaltecos y a la búsqueda del desarrollo y el bienestar común.