Por Virginia Contreras
El Congreso de la República recibió la iniciativa 6688 Ley de Contrataciones Públicas, elaborada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). La propuesta busca sustituir el marco jurídico vigente desde 1992 y responde a la necesidad de modernizar el sistema de adquisiciones del Estado, con el objetivo de garantizar mayor transparencia, eficiencia y competitividad.
Entre los principales ajustes planteados se encuentra la simplificación de procedimientos de compra y la diversificación de modalidades de contratación, con el propósito de atender las necesidades del Estado de manera más ágil y competitiva. También amplía la participación de proveedores nacionales e internacionales, reduciendo barreras que han limitado la eficiencia en el pasado.
Aspectos técnicos
La propuesta incluye la revisión de artículos vinculados a licitación y adjudicación, con el fin de agilizar trámites. Se integran plataformas electrónicas que permitirán registrar y auditar cada proceso en tiempo real, garantizando acceso público a la información.
Con estas reformas, se prevé un beneficio directo para los mercados, quienes contarán con procesos más ágiles y transparentes, reduciendo costos y tiempos de participación. Asimismo, la nueva normativa asegura un mejor uso de los recursos públicos, con adquisiciones más eficientes y de mayor calidad.
Por otro lado, se espera una gestión más confiable y moderna, capaz de responder a las demandas actuales y futuras, que fortalezcan la confianza institucional y la transparencia en cada operación, al establecer reglas claras de supervisión y auditoría, además de reforzar la obligación de publicar información en plataformas abiertas.
Según la Cartera del Tesoro, la nueva ley está diseñada para responder a los retos futuros y asegura que las contrataciones públicas se realicen con criterios de calidad, equidad y sostenibilidad.
Descargue aquí la propuesta de ley presentada
Proceso de socialización
Previo a la presentación ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, el Minfin organizó dos jornadas de socialización en las que se expusieron los principales lineamientos de la propuesta. Estas actividades, realizadas el 14 y 15 de octubre, contaron con la participación de representantes de la sociedad civil, del sector privado, asesores legislativos y diversas instituciones estatales, quienes conocieron de primera mano los cambios planteados.
El objetivo central de los encuentros fue explicar los ejes de la iniciativa que busca reemplazar la actual Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, vigente desde hace más de tres décadas. En ese contexto, el viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Melgar, subrayó que la modernización del sistema de compras públicas requiere un nuevo marco jurídico.
“Existe una necesidad de contar con una nueva normativa, ya que la vigente ha sufrido múltiples reformas que han generado procesos más lentos y disposiciones contradictorias. La propuesta busca una transición hacia un Sistema Nacional de Contratación Pública, con apoyo de entidades internacionales y experiencias comparadas en la región”, puntualizó.