Por Yuly Pérez
En el marco del Encuentro Anticorrupción 2025 se desarrolló el conversatorio “Importancia de la actualización de normativa sobre contrataciones públicas”. Un espacio orientado a promover el análisis sobre la necesidad de modernizar el sistema de las adquisiciones del país y dar a conocer la nueva iniciativa 6688 que dispone aprobar la Ley de Contrataciones Públicas.
El viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Augusto Melgar Peña, moderó el encuentro desarrollado en el Teatro Cámara Hugo Carrillo, en el cual resaltó que la iniciativa de ley 6688 ya fue remitida al Congreso de la República. Además, destacó la importancia de haber contado con el soporte técnico de organizaciones internacionales para la formulación de la normativa.
“Se tuvo un acompañamiento del Departamento de Comercio de Estados Unidos, a través de un área especializada en esta temática, que nos brindó insumos técnicos. También fue vital el acompañamiento de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales de la OEA, que permitió al equipo encargado de la iniciativa conocer experiencias de diferentes países de América Latina que han avanzado en años recientes con nuevas leyes en materia de adquisiciones públicas”, expresó el viceministro Melgar.
Legado institucional
Durante el conversatorio, Xiomara Morales, directora general de Adquisiciones del Estado (DGAE), señaló que, tras la presentación de la iniciativa de ley, corresponde ahora al Congreso de la República dar el siguiente paso para avanzar en su aprobación. Destacó que la propuesta impulsa la profesionalización del comprador público, un componente fundamental para asegurar un uso adecuado, eficiente y estratégico de los recursos del Estado.
Morales subrayó que la legislación vigente abre márgenes de discrecionalidad que pueden derivar en riesgos de corrupción. Recordó que, desde el inicio de la administración, uno de los compromisos estratégicos fue transformar de manera integral el régimen de compras del Estado.
Aunque la nueva normativa no entrará en vigor durante la actual gestión, la directora aseguró que constituirá un legado institucional para modernizar el sistema de contrataciones públicas. “Se nos instruyó elaborar una propuesta que cumpla con estándares internacionales, que sea transparente, pero también ágil, con controles claros y procesos eficientes”, precisó.
Morales también enfatizó que la iniciativa representa un punto de no retorno en la modernización del sistema. “Ahora es el Legislativo quien tiene la responsabilidad de sumarse a este esfuerzo y responder a las necesidades que tiene el país”, concluyó.
La apuesta por normativas modernas en América Latina
En el panel también participó Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas de República Dominicana y presidente de la Red Internacional de Contrataciones, quien señaló que las normativas “llegan a un punto en el que se agotan” y dejan de responder a la realidad y al contexto de los países. Por ello, destacó la importancia de impulsar una nueva ley que fortalezca la institucionalidad y permita contar con un órgano rector sólido, con funciones claras e independencia para administrar un sistema electrónico de compras públicas.
Pimentel explicó que América Latina enfrenta el desafío de configurar gobernanzas robustas, capaces de garantizar mayores niveles de transparencia, trazabilidad y control. Esto implica avanzar hacia plataformas interoperables, con cruces de datos, uso de ciencia de datos e inteligencia artificial, así como sistemas de alerta temprana que permitan actuar de forma preventiva y no reactiva.
Subrayó que la necesidad de modernizar normativas con 20 o 30 años de vigencia responde al objetivo de lograr procesos de contratación más eficientes, sin perder de vista el equilibrio entre transparencia, control y agilidad administrativa. “Debemos reducir la burocracia y simplificar los trámites, sin renunciar a la integridad del sistema”, afirmó.
El especialista recordó que la transparencia, el control y la eficiencia son medios, no fines en sí mismos. “El propósito de las contrataciones públicas es aportar al desarrollo, generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía”, puntualizó.
Asimismo, señaló que la nueva ley de contrataciones debe contemplar disposiciones sancionatorias, pero advirtió que no debe funcionar como Código Penal. “Las figuras penales vinculadas a la corrupción deben estar tipificadas en la legislación correspondiente”, indicó.
