Guatemala, 08 de octubre del 2020. El 20 de febrero de 2018, la entidad israelí IC Power Asia Development LTD. demandó al Estado de Guatemala como resultado de una fiscalización llevada a cabo por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para verificar la liquidación del Impuesto sobre la Renta (ISR). Según la entidad reclamante, se violentaron sus derechos en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre Guatemala e Israel y vigente desde el 15 de enero de 2009, al presentar denuncias penales por fraude tributario y solicitar medidas precautorias, sin agotar el procedimiento administrativo. El monto reclamado por la supuesta violación fue de US$117 millones.
En su defensa, la República de Guatemala argumentó que la demandante no tenía una inversión protegida bajo el Acuerdo, toda vez que había vendido su participación a otras distribuidoras, y que la conducta del Estado en este caso no constituye una violación del Acuerdo, porque no existe denegación de justicia hacia el inversionista.
El 7 de octubre de 2020, la Corte Permanente de Arbitraje resolvió que Guatemala no había violentado el Acuerdo de Inversión suscrito con Israel, y condenó a la demandante al pago de las costas del arbitraje por un monto aproximado de US$1.8 millones.
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