La Ley de Insolvencias (Decreto 8-2022) aprobada el martes recién pasado por el Congreso de la República, se convierte en una herramienta para mejorar el clima de negocios del país como resultado de las gestiones realizadas por el Gobierno del Presidente Giammattei en el marco del Plan General de Gobierno (PGG).
De acuerdo con Lisardo Bolaños, Viceministro de Inversión y Competencia, del Ministerio de Economía (MINECO), la normativa tiene importancia porque ahora las empresas o personas individuales que enfrentan problemas financieros tendrán una opción para sanear sus economías, se mantendrá una gran cantidad de empleos y se reducirán los riesgos para el sector financiero al tener la posibilidad de poder visualizar el proceso de recuperación y los mecanismos elegidos para llevarlo a cabo.
Según el viceministro, la Ley ayudaría a bajar tasas de interés. “Esto es importantísimo para el sector financiero porque podría, según análisis realizados en otros países, reducir las tasas de interés puesto que al reducirse el riesgo de los pagos, o al generar mayor predictibilidad del proceso ante problemas, se genera una mayor disposición a reducir las tasas que antes estaban altas”.
Los beneficios de la Ley se pueden observar para deudores y acreedores. Los primeros tienen mayor posibilidad de limpiar su récord crediticio a través de este mecanismo, pues con anterioridad las empresas o personas con problemas financieros podían pasar hasta una década para borrar este registro negativo y empezar de nuevo.
Según el viceministro Bolaños, el carecer de una ley de insolvencias representa un problema para las economías modernas, pues la experiencia muestra que en lugares como el “Silicon Valley” en Estados Unidos, muchos empresarios fracasan en sus primeros intentos por formar una empresa y “deben quebrar dos o tres veces hasta encontrar el modelo exitoso para poder crecer”.
“Lo que nos hemos dado cuenta es que si no contamos con esa capacidad de tener una segunda oportunidad de rebote, mucha empresarialidad no va a poder crecer y generar los empleos que se esperarían”, afirmó.
Otro de los beneficios para los deudores es que si un empresario ya no está interesado en seguir como tal, se limpia su récord para el historial de empleo, lo que es vital para muchas personas.
“Lo que se observa es que se establece un proceso concursal y no uno penal, y eso proporciona más tranquilidad a las personas que se ven involucrados en este tipo de mecanismos, además, la Ley prevé que habrá un experto en insolvencias que acompañará el proceso”, dijo Bolaños.
En cuanto a los acreedores se refiere, la nueva normativa tiene tres fortalezas principales: La primera es que el proceso para salir del problema financiero será más rápido y las instituciones financieras o bancarias podrán ver resultados en menos tiempo. La segunda es que se podrán establecer planes de reestructuración en forma conjunta lo que significa que los acreedores no tendrán que depender en primera instancia del sistema de justicia.
Una tercera ventaja es que el administrador concursal, que es quien lleva a cabo el concurso de los mecanismos de la quiebra, será seleccionado por los acreedores y ello incrementará los niveles de confianza.
De acuerdo con el viceministro Bolaños, cuando la Ley cobre vigencia, un mes después de su publicación en el Diario de Centro América, el Ministerio de Economía procederá a elaborar el reglamento respectivo, un segundo paso será el establecimiento de un registro de los procesos que presenten y en un tercer paso, se deberán establecer juzgados específicos para el tema de insolvencias.
El impulso a iniciativas de ley para la transformación económica del país forma parte de las prioridades definidas por el Ministerio de Economía a través del denominado ABCD de la economía: Atracción de inversiones estratégicas, Búsqueda de nuevos mercados para fomentar el comercio, Creación de oportunidades para las MIPYME y el emprendimiento; y Digitalización.
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