Por Virginia Contreras
Luego de la suspensión temporal por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que el inicio del ejercicio fiscal quedó limitado a los montos del presupuesto del año anterior.
Para este ejercicio se cuenta con Q154 mil 836.6 millones, distribuidos en Q101 mil 699.4 millones para funcionamiento, Q32 mil 975.1 millones para inversión y Q20 mil 162.1 millones destinados para el pago de la deuda pública.
En ese marco, el viceministro de Administración Financiera, Walter Figueroa, explicó durante la conferencia La Ronda: “La brecha que se tiene, entre el Decreto 27-2025, que está suspendido temporalmente, y el vigente de Q154 millardos, es alrededor de Q8 mil 632 millones, tanto en la parte de ingresos como en la parte de egresos”.
Como consecuencia, indicó que los gastos asignados a metas presidenciales no dispondrán de los recursos programados. Entre los proyectos detenidos figuran la construcción y mejoramiento de puestos de salud, escuelas y servicios de extensión agrícola, así como la cárcel de máxima seguridad contemplada en el Decreto 112-2025, con un monto aproximado de Q500 millones.
Asimismo, quedaron sin financiamiento obras en puertos y aeropuertos y fondos para entidades de reciente creación, como la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y la Superintendencia de Competencia.
Ante esta situación, el Minfin anunció que presentará al Congreso de la República una iniciativa de ley que contendrá una ampliación presupuestaria. Sobre este punto, el presidente Bernardo Arévalo afirmó: “Mi gobierno está firmemente comprometido a continuar trabajando para responderle al pueblo y brindarle los servicios que necesita y merece para llevar el desarrollo a todas las esquinas de nuestro país”.
Por otra parte, el Congreso aprobó cinco préstamos estratégicos por US$1 mil 350 millones destinados a gasto social, electrificación rural, infraestructura vial, movilidad rural y finanzas públicas inteligentes, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. No obstante, debido a la resolución de la CC, se deberán realizar modificaciones presupuestarias para habilitar los espacios necesarios en el marco de la ampliación que se presentará al Congreso.
A pesar de las limitaciones, el Estado mantiene su deber constitucional de garantizar la atención social y económica. En coherencia con ello, se asegura el pago oportuno de salarios, insumos y servicios básicos, así como transferencias obligatorias, atención en salud, educación y seguridad. De hecho, el propio decreto establece la priorización del pago de salarios y de los servicios básicos. Asimismo, se garantiza el pago puntual del servicio de la deuda, con el propósito de preservar el récord crediticio del país y contribuir a la estabilidad macroeconómica.
Al momento estas son las cifras con las que cuenta cada ministerio para funcionar.
Saldo de caja
Durante la conferencia, al ser consultado sobre el saldo de caja de Q24 mil millones con el que arranca el año fiscal, Figueroa aclaró que dicho monto corresponde a depósitos del sector público en el Banco de Guatemala. “Los saldos disponibles que tenemos para poder incorporar al presupuesto en esta ampliación y en lo que tenemos como vigente (Q154 mil 836 millones) son alrededor, actualmente, de Q11 mil millones”, indicó.
Cabe destacar que de esos Q24 mil millones hay donaciones y préstamos, así como depósitos de entidades descentralizadas y autónomas, que son parte de su patrimonio propio de acuerdo con la legislación y no pueden ser utilizados.
Ejecución presupuestaria 2025
El viceministro también informó que la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025 cerró en 90.6%, lo cual equivale a Q140 mil 340.4 millones. Los recursos se distribuyeron en Q93 mil 456.8 millones para funcionamiento, Q28 mil 569.0 millones en inversión y Q18 mil 314.3 millones destinados a deuda pública.
Entre las entidades con mayor nivel de cumplimiento presupuestario sobresalieron Relaciones Exteriores con 96.5%, Presidencia con 95.5%, Gobernación con 95.3% y Trabajo con 95.2%. También Educación con 94.6%, Finanzas con 94.4%, Economía con 93.3% y Salud con 92.0%.
Impacto social y evaluación presidencial
El funcionario explicó que los resultados confirmaron la continuidad en la prestación de bienes y servicios, así como la ampliación de cobertura y mejoras en calidad que repercutieron en la población. Además, refirió que en términos del Producto Interno Bruto (PIB), el segundo año de la actual administración representó un 14.8%. Esto significó que, de cada quetzal producido en el país, alrededor de 15 centavos correspondieron al presupuesto público.
En su intervención, el presidente Arévalo aclaró que la baja ejecución en las carteras de Comunicaciones y Cultura obedece a la caída de proyectos y eventos que “de alguna forma fueron intervenidos” por actos de corrupción. En el caso del Ministerio de Comunicaciones, los retrasos se vincularon a proyectos intervenidos por prácticas corruptas en periodos anteriores, lo que obligó a reiniciar convocatorias bajo nuevos mecanismos. En Cultura, se identificaron dificultades relacionadas con la legalización de terrenos destinados a ciudades deportivas, lo que retrasó su construcción.
Acciones futuras
Adicionalmente, el mandatario informó sobre acciones para acelerar la ejecución en el CIV, como el ingreso de 25 proyectos de la Dirección General de Caminos al sistema Guatecompras, con planes para firmar contratos en rutas centroamericanas y terciarias bajo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. En Cultura, se prevé avanzar en la regularización de terrenos para iniciar la construcción de las ciudades deportivas, aunque uno de los proyectos podría trasladarse a otro lugar debido a limitaciones legales.