El 29 de diciembre de 1996, en un Palacio Nacional (todavía no llamado de la Cultura) vestido de gala y atiborrado de invitados nacionales e internacionales, los comandantes de las facciones guerrilleras que conformaban la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, y altos mandos civiles y militares de su gobierno, rubricaron un documento que indicaba el final de treinta y seis años de enconado enfrentamiento por el “conflicto armado interno”.
Los diez años de cambios modernizadores que dieron inicio por el doctor Juan José Arévalo Bermejo en 1944, y que dio continuidad el coronel Jacobo Árbenz Guzmán, llegaron a su fin abruptamente con el derrocamiento de este último a manos del coronel Carlos Castillo Armas, lo que sería sucedido por varios gobiernos militares.
El cierre de espacios democráticos y el retroceso en las libertades ciudadanas produjo un fallido intento de golpe de estado por jóvenes oficiales idealistas del ejército, que devino en un movimiento armado que fue adoptando posturas ideológicas más radicales y terminó dando origen a varias facciones, hasta que fueron cuatro las organizaciones guerrilleras que se enfrentaban al Estado.
Incapaces de diálogo alguno, los sucesivos gobiernos militares de corte autoritario respondieron con creciente brutalidad, lo cual llevó al conflicto a una escalada de violencia cada vez mayor. El Estado devino en contra insurgente y adoptó brutales estrategias de represión que hicieron blanco indiscriminado de cualquiera que se opusiera al estado, sin importar que fuera o no miembro de las organizaciones armadas. Hasta que, en un clímax de violencia, el Estado guatemalteco cometió acciones catalogadas como actos de genocidio.
Agotada por un enfrentamiento que llegó a ser el más largo de Américas, la sociedad empezó a buscar el fin del conflicto. Fue entonces cuando los militares accedieron a convocar a elecciones y ceder el poder, aunque fuera parcialmente, a la sociedad civil. El primer gobierno democráticamente electo en décadas, del presidente Vinicio Cerezo Arévalo, empezó a tender puentes de diálogo con la guerrilla a través de los acuerdos de Esquipulas I y II.
Su sucesor, Jorge Serrano Elías, trató de continuar el proceso, pero el autogolpe que gestó trajo abajo su gobierno a medio mandato, estancando dicho proceso. Sería el presidente Arzú quien, tras implementar el llamado Consenso de Washington, concretaría la anhelada paz con las cuatro facciones guerrilleras, poniendo fin al tronar de fusiles y morteros.
Veintiocho años más tarde, el país está lejos del bienestar y progreso que el final del conflicto auguraba. Sucesivos gobiernos han ido echando en el olvido los Acuerdos de Paz, que constituían un juego de políticas de estado vanguardistas y modernizadoras. En los tres últimos períodos se redujeron los esfuerzos para continuar con los procesos que se alcanzaron en los acuerdos alcanzados por la sociedad guatemalteca.
Tras una nueva primavera, el gobierno del doctor Bernardo Arévalo De León ha rescatado el espíritu de los Acuerdos de Paz, buscando impulsar políticas de bienestar y equidad para todos los guatemaltecos. Así se ha visto reflejado en la celebración del 28 aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz, con una serie de actividades que reflejan los anhelos del pueblo de Guatemala.
La Ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, al respecto de la celebración de los 28 años de conmemoración de la Firma de La Paz comentó: “La paz no es solo la ausencia de la guerra, para que haya paz debe haber equidad, mejores oportunidades y una vida en armonía.. No puede haber paz sin el reconocimiento de la verdad, y el reconocimiento de la verdad lleva a la justicia, luego de esto podemos llegar a la reconciliación”.