Por Virginia Contreras
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) aclaró que el contenido del reportaje titulado “La casa de los chocobananos”, publicado por el medio de comunicación República GT, presenta varias inconsistencias. En la conferencia de prensa La Ronda, la cartera ofreció datos verificables y documentación oficial que desmienten los señalamientos expuestos.
Ante las acusaciones, el titular de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, explicó que las ocho empresas mencionadas en dicho reportaje fueron inscritas en el Registro Mercantil entre 2007 y 2023, y registradas en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) entre 2019 y 2023, es decir, antes del inicio de la actual administración.
Señaló que las citadas compañías han recibido contratos públicos entre 2009 y 2023 por un monto total de Q440.1 millones, mientras que entre 2024 y 2025, el monto adjudicado se redujo a Q85.4 millones.
El funcionario detalló que el 87.1% de las asignaciones otorgadas durante la administración del presidente Bernardo Arévalo corresponden a Empresas Portuarias, no al Gobierno Central. Además, indicó que los representantes del Ejecutivo votaron en contra de dichas resoluciones, al considerar que las recomendaciones de las juntas de licitación no eran procedentes.
Respecto al incremento en la capacidad económica disponible de las empresas, Menkos aclaró que este no ocurrió durante la presente gestión y que dicho indicador no equivale al valor de los contratos que pueda recibir una empresa. En relación con el domicilio comercial compartido por las empresas señaladas, explicó que la coexistencia de varios establecimientos en una misma dirección no infringe la ley ni contraviene el marco legal vigente.
Añadió que la plataforma oficial de inscripción de proveedores RGAE no realiza verificaciones físicas de las direcciones; sin embargo, explicó que, para completar el proceso de incorporación, las empresas deben estar previamente inscritas en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), instituciones que también solicitan la dirección comercial.
Denuncias presentadas
El ministro también informó que, antes de 2024, no se habían presentado denuncias relacionadas con inconsistencias en la información de proveedores. Por otro lado, refirió que, desde el inicio de la actual administración, se han remitido 16 informes circunstanciados a la Dirección de Asesoría Jurídica del Minfin para analizar la pertinencia de interponer denuncias.
Como resultado, se han presentado 10 acciones legales ante el Ministerio Público, de las cuales ocho han avanzado a etapa de declaración testimonial. “Esta administración no ha permitido ningún hecho delictivo y ha iniciado los procesos legales correspondientes contra quienes envían información errónea o falsa al Registro General de Adquisiciones del Estado”, afirmó Menkos.
Asimismo, subrayó que la verificación realizada por medio de la plataforma estatal de adquisiciones no reemplaza el proceso de contratación, el cual exige una evaluación técnica específica por parte de las entidades responsables.
Omisión de consulta
El ministro hizo un llamado a República a respetar los pilares del periodismo, ya que con inteligencia artificial modificaron su rostro enojado. Asimismo, agregó que las imprecisiones contenidas en el reportaje responden, en buena medida, a la omisión de consultas previas a la Dirección de Comunicación Social del Minfin, instancia responsable de proporcionar información oficial para la verificación de datos. Subrayó que dicha omisión compromete la rigurosidad informativa exigida en la difusión de contenidos públicos.
En tanto, el presidente Bernardo Arévalo se refirió a la eliminación del reportaje en la plataforma YouTube, señalando que el Gobierno de Guatemala no solicitó dicha acción y que se desconocen las razones por las que el contenido fue removido.
Durante su intervención, también hizo un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información pública, recordando que en el país existen casos reales de persecución y censura contra periodistas, como el de José Rubén Zamora, y amenazas provenientes de redes de corrupción.
“Decir que hay censura porque YouTube lo borró sin tener pruebas de que haya sido el Gobierno, me parece que a lo único a lo que le estamos haciendo el juego es a los corruptos”, afirmó el mandatario.