Por Virginia Contreras
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) presentó el Informe de Riesgos Fiscales 2026–2030, un documento que busca anticipar vulnerabilidades que puedan impactar en la política fiscal del país. La publicación incorpora, por primera vez, una hoja de ruta con indicadores clave que permitirá dar seguimiento integral y preventivo de estas amenazas.
El estudio detalla los principales peligros que podrían impactar la sostenibilidad fiscal del país. Entre ellos figuran los riesgos ambientales y climáticos, con posibles efectos de hasta el 9.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en caso de eventos extremos.
También se señalan riesgos macroeconómicos vinculados a las remesas —que representan poco más del 19% del PIB—, riesgos institucionales como la no aprobación del presupuesto o litigios contra el Estado, y riesgos previsionales.
Durante su intervención, la viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, Patricia Joachín, aseguró que el documento representa un paso decisivo en la modernización de la administración pública en materia financiera. Explicó que aplica la metodología Fiscal Risk Assessment Tool (FRAT), recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual permite identificar, cuantificar y mitigar vulnerabilidades de las cuentas del Estado de manera dinámica y basada en evidencia.
La funcionaria resaltó que el documento coloca a Guatemala entre los pocos países de la región que realizan de manera sistemática evaluaciones de riesgos fiscales. “Con este informe, el territorio nacional reafirma su liderazgo en transparencia, previsión y buena gobernanza económica”, expresó.
Apoyo internacional
La viceministra destacó que el documento contó con respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por medio de la cooperación técnica no reembolsable en el marco de la iniciativa Política Fiscal para la Acción Climática. Este apoyo permitió avanzar en la identificación, cuantificación, análisis y mitigación de los riesgos fiscales, incluyendo aquellos vinculados con la transición hacia una economía descarbonizada y los asociados al cambio climático.
En ese contexto, la representante del BID en Guatemala, María José Jarquín, subrayó que el análisis fortalece la transparencia, la responsabilidad y la sostenibilidad fiscal del país. “Guatemala ha demostrado una notable capacidad no solo para identificar, sino también para cuantificar los riesgos fiscales. Con este avance, el país da un paso importante hacia la resiliencia y hacia una gestión fiscal moderna, sustentada en la evidencia que aporta un instrumento como este”, afirmó.
Participación multisectorial
El informe también integró aportes de entidades públicas como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la Superintendencia de Bancos (SIB), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y empresas estatales como la Empresa Portuaria Quetzal, entre otras.
