Por Sandra Vi
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) concluyó la primera jornada de socialización de la propuesta de iniciativa para una nueva ley de contrataciones públicas, en la que participaron representantes del sector privado y asesores de diputados del Congreso de la República.
Durante la actividad, se explicó que la propuesta de iniciativa busca sustituir la actual Ley de Contrataciones del Estado, vigente por más de tres décadas y reformada en más de catorce ocasiones sin que los cambios hayan sido integrales ni coherentes con las necesidades actuales de las instituciones públicas.
El viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Melgar, indicó que “es importante transitar a un ecosistema de adquisiciones públicas moderno. Agregó que la propuesta se espera presentar en diciembre, por medio del presidente de Guatemala, al Congreso de la República, con el propósito de iniciar el proceso legislativo para su análisis y eventual aprobación.
Por su parte, la directora general de Adquisiciones del Estado, Xiomara Morales, señaló que “con la implementación de una nueva ley de contrataciones públicas, el Estado dará un paso significativo hacia la modernización de sus contrataciones, renovando procesos y revolucionando la forma en que gestiona sus contrataciones”.
Añadió que la propuesta de iniciativa de ley “busca hacer más eficientes las contrataciones públicas que realizan las entidades del Estado, permitiendo realizar compras más ágiles y transparentes, evitando el gasto innecesario de recursos públicos, procesos burocráticos, lentos, ineficientes o fallidos”.
Algunos beneficios de la propuesta de ley
La iniciativa promueve la creación de una norma moderna, con alcance y consecuente a las realidades, necesidades y prioridades del Estado y los ciudadanos; impulsando así mejores condiciones de calidad y precio en las contrataciones públicas, contribuyendo al cumplimiento de los fines el Estado y mejorando las condiciones de vida de las personas.
Asimismo, la nueva ley propone la creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, con el objetivo de agilizar los procesos de compra del Estado, maximizar el valor de los recursos públicos y garantizar la transparencia e integridad de las contrataciones.
El proyecto también incorpora herramientas digitales que permiten a los ciudadanos dar seguimiento a los procesos y fomentar la fiscalización de los recursos públicos.
Herramienta de socialización
Durante la jornada se presentó además una plataforma electrónica de socialización del proyecto de nueva ley de contrataciones públicas, con el propósito de ofrecer información específica sobre la propuesta y habilitar un espacio para el registro de comentarios, que posteriormente serán analizados. La herramienta estará disponible a partir del 24 de octubre al mediodía.
Aporte de expertos
El consultor del programa CLDP del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Franco De Pasquale, expuso el tema “Integración de los aportes del sector privado en el proyecto de ley y convenios marco”.
Explicó que un Acuerdo Marco “permite a las entidades contratantes realizar adquisiciones específicas bajo los términos previamente establecidos, de manera ágil, eficiente y estandarizada, mediante órdenes de compra o contratos secundarios. Y es uno de los mecanismos de agregación de demanda más importante que se da en los sistemas de compras”.
Entre los beneficios de implementar los convenios marco, destacó los siguientes:
- Ahorro de tiempo y costos
- Homologación de especificaciones técnicas
- Mayor control y transparencia
- Fomento de la competencia
- Agregación de demanda y planificación multianual
El experto internacional, Jacobo García Villareal, presentó el tema “Informe sobre la implementación de la recomendación de la OCDE sobre contratación”. Durante su intervención, subrayó la importancia de la contratación pública.
“Esta permite a los gobiernos prestar servicios públicos, implementar políticas a través de la contratación de grandes volúmenes de bienes y servicios. En promedio, en los países miembros de la OCDE representa alrededor del 13% del PIB y alrededor de un tercio del gasto gubernamental. Si este recurso, monto, volumen de recursos se ejerce con integridad, eficiencia, rendición de cuentas, etcétera, ayuda a los gobiernos a brindar mejores servicios”.
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