El Ministerio de Economía presentó oficialmente las “Guías de Criterios de Calificación Registral del Registro Mercantil y del Registro de la Propiedad Intelectual”, una herramienta diseñada para ofrecer certeza jurídica y transparencia en la tramitación de solicitudes ante ambas instituciones. Durante una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, la ministra de Economía, Gabriela García acompañada de la viceministra de Asuntos Registrales, Valeria Prado expusieron sobre el contenido de los documentos.
Estas Guías fueron desarrolladas con el objetivo de que los usuarios conozcan de manera anticipada los criterios registrales que se aplicarán en cada proceso, eliminando incertidumbre y discrepancias en los criterios utilizados para calificar los trámites. Con la unificación de criterios, se genera mayor seguridad jurídica, mientras que los operadores del sistema actuarán de manera razonable y uniforme.
Para su elaboración, en el Registro Mercantil, se establecieron mesas técnicas de trabajo lideradas por el Registrador Mercantil, Diego Montenegro, lo que permitió una discusión colaborativa para consensuar los criterios de los rechazos frecuentes. En el Registro de la Propiedad Intelectual, el trabajo fue dirigido por la Registradora de la Propiedad Intelectual, Sara Larios.
La viceministra Prado afirmó, “El beneficio principal es la certeza jurídica ya que el usuario de estas guías al ingresar una solicitud tendrá conocimiento de antemano qué criterios se aplicarán a su trámite, reduciendo la probabilidad de rechazo.” Esto permitirá que los solicitantes puedan determinar con claridad qué requisitos deben cumplir en cada tipo de trámite.
Su implementación reducirá significativamente los rechazos de trámites, lo que contribuirá a una mayor agilidad en la gestión de expedientes. Los usuarios podrán utilizarlas como respaldo para sus solicitudes, y en caso de rechazo, tendrán la posibilidad de señalar las disposiciones que consideren vulneradas, facilitando así la revisión de las decisiones.
“Estas guías representan un importante avance hacia la certeza jurídica, proporcionando mayor claridad en la aplicación de la normativa vigente. Los usuarios podrán prever con mayor exactitud el resultado de sus trámites, lo que contribuirá a un sistema más eficiente y transparente”, concluyo la ministra de Economía, Gabriela García.