La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera, encabezó la reunión de coordinación con actores estratégicos, para dar inicio al proceso de formulación de la Política Nacional de Fuego, una herramienta que será clave para el desarrollo rural, la gobernanza del territorio y la adaptación al cambio climático.
“Contar con una Política Nacional de Fuego es una prioridad nacional. Su objetivo es transformar un problema estructural en una oportunidad para generar resiliencia rural, fortalecer la seguridad alimentaria y proteger los recursos naturales”, subrayó la ministra Rivera durante el encuentro.
La creciente frecuencia e intensidad de los incendios forestales en el país, evidencia la urgencia de una respuesta integral. Solo entre 2023 y 2024 se reportaron más de 193 mil hectáreas afectadas, lo que llevó a declarar un Estado de Calamidad durante este año. De acuerdo con datos del MAGA, entre 2001 y 2017 ocurrieron más de 20 mil incendios forestales, siendo los departamentos de Petén, Quiché, Zacapa, Baja Verapaz y Totonicapán los más impactados.
Las causas de los incendios se distribuyen en un 63% con intencionalidad no especificada, un 26% por quemas agrícolas no controladas, y un 10% por otras fuentes como fogatas, desechos sólidos o actos vandálicos.
El MAGA ha identificado que el uso del fuego en actividades agrícolas y ganaderas responde a prácticas ancestrales en zonas rurales sin acceso a alternativas técnicas ni regulación efectiva. Esta situación refleja una dimensión profunda de la crisis agraria, que requiere soluciones estructurales y sostenidas.
La futura Política Nacional de Fuego tiene como objetivo iniciar reducir riesgos, proteger la salud pública, promover la adaptación climática y cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental. Asimismo, se proyecta como un instrumento para fortalecer la gobernanza territorial y articular acciones entre comunidades, instituciones del Estado y cooperación internacional.
El MAGA, como ente rector del desarrollo rural y forestal, con el liderazgo de la ministra Rivera y en coordinación con entidades nacionales e internacionales, inicia este trabajo priorizando la participación de los territorios y actores clave.
