Por Virginia Contreras
Con el respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) presentó el Informe de Riesgos Fiscales 2026– 2030, un documento que contiene herramientas de gestión preventiva diseñadas para identificar y mitigar amenazas que podrían comprometer la política fiscal. Su propósito es fortalecer la sostenibilidad de las cuentas estatales frente a riesgos económicos, ambientales e institucionales.
La publicación incorpora, por primera vez, una hoja de ruta con indicadores clave para dar seguimiento integral a las amenazas fiscales. Asimismo, el estudio advierte que los riesgos ambientales y climáticos podrían generar impactos de hasta el 9.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en caso de eventos extremos.
También identifica riesgos macroeconómicos vinculados a las remesas —que representan más del 19% del PIB—, además, institucionales, como la no aprobación del presupuesto o litigios contra el Estado, y riesgos previsionales.
Modernización financiera
Durante su intervención, la viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, Patricia Joachín, afirmó que el informe marca un paso decisivo en la modernización de la administración pública. Explicó que se aplicó la metodología Fiscal Risk Assessment Tool (FRAT, por sus siglas en inglés), recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permite identificar, cuantificar y mitigar vulnerabilidades de las cuentas del Estado con base en evidencia.
La funcionaria subrayó que Guatemala se coloca entre los pocos países de la región que realizan evaluaciones sistemáticas de riesgos fiscales. “Con este análisis, el territorio nacional reafirma su liderazgo en transparencia, previsión y buena gobernanza económica”, añadió la viceministra Joachín.
Apoyo internacional
Según se dio a conocer, el respaldo técnico del BID se realizó mediante cooperación no reembolsable en el marco de la iniciativa Política Fiscal para la Acción Climática. Este apoyo permitió avanzar en la identificación y mitigación de riesgos vinculados con la transición hacia una economía descarbonizada y los asociados al cambio climático.
La representante de la citada organización financiera internacional, María José Jarquín, destacó que el análisis fortalece la transparencia, la responsabilidad y la sostenibilidad fiscal del país. “Guatemala ha demostrado una notable capacidad no solo para identificar, sino también para cuantificar los riesgos fiscales. Con este avance, el país da un paso importante hacia la resiliencia y hacia una gestión fiscal moderna, sustentada en la evidencia que aporta un instrumento como este”, afirmó.
Participación multisectorial
El estudio integró aportes de entidades públicas como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la Superintendencia de Bancos (SIB), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y empresas estatales como la Empresa Portuaria Quetzal, entre otras.