Por Yuly Pérez
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) busca modernizar el sistema de compras estatales mediante la iniciativa de Ley 6688, para reemplazar la normativa vigente desde 1992. Durante el Congreso Mercado Público 2026, celebrado el pasado 29 de julio, las autoridades financieras explicaron los alcances de esta propuesta.
El proyecto, entregado por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República en noviembre de 2025, apuesta por la digitalización integral y la rendición de cuentas.
El viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Melgar, expuso los ejes principales de la reforma, enfocados en dar mayor protagonismo a la contratación electrónica por medio de un Sistema Nacional de Compras Públicas, la transformación de Guatecompras en una plataforma transaccional y mecanismos estrictos para inhabilitar a los proveedores que incumplan con el Estado.
La directora general de Adquisiciones del Estado, Xiomara Morales, indicó que la propuesta es resultado de un proceso técnico respaldado por estudios especializados y estándares internacionales.
Agregó que se fundamenta en cuatro pilares: modernización del Estado; transparencia y rendición de cuentas; competencia y fortalecimiento del mercado; y generación de confianza y control social.
En el evento, el viceministro Melgar anunció la publicación de la primera edición oficial de los Criterios Registrales del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), con el fin de estandarizar criterios, fortalecer la certeza jurídica y mejorar la gestión registral.
“Cualquier proveedor que está quedando mal con el Estado no debería tener el favor de seguir recibiendo contratos si está quedando mal”, puntualizó.
También informó sobre nuevos lineamientos para optimizar los mecanismos de inhabilitación y rehabilitación de proveedores y el desarrollo de una propuesta técnica para actualizar la metodología de precalificación financiera.
El Congreso Mercado Público fue organizado por Red Ciudadana, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y el programa Buena Gobernanza Financiera.
