El documental narra la historia de Osmin Ricardo Tobar Ramírez y su hermano Jeffrey, cuyas vidas cambiaron de manera irreversible tras una denuncia y un proceso de adopción ilegal que los separó de su familia.
Una historia que refleja una realidad nacional
La producción expone la problemática de las adopciones ilegales registradas en Guatemala entre la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI, período en el que estas prácticas llegaron a constituir un negocio lucrativo para redes dedicadas a la trata de niñas y niños. Entre 1997 y 1999, Guatemala fue considerada el cuarto país con mayor número de adopciones internacionales.
Dirigido por Saúl Martínez, el documental muestra las consecuencias de estas ilegalidades a través de la experiencia de Osmin y Jeffrey, así como la lucha emprendida por Flor de María para recuperar a sus hijos y los esfuerzos de Gustavo para reencontrarse con Osmin.
El Caso Ramírez-Escobar y otros vs. Guatemala
Durante ese período, una adopción internacional podía costar entre US$12,000 y US$80,000 por cada niña o niño. Entre 1977 y 2008, se estima que se aprobaron alrededor de 30,000 adopciones internacionales, la mayoría con destino a Estados Unidos.
Las investigaciones determinaron que la falta de controles estatales y la privatización del sistema de adopciones facilitaron la conformación de redes dedicadas a falsificar documentos, manipular procesos judiciales y cometer delitos relacionados con la compra y el robo de niñas y niños, aprovechándose, en muchos casos, de la situación de vulnerabilidad de sus familias.
Aunque numerosas adopciones eran presentadas como voluntarias, en algunos casos se utilizó la figura judicial de la declaratoria de abandono para separar a niñas y niños de sus familias y permitir que los responsables de los hogares autorizaran posteriormente las adopciones.
Ese procedimiento fue aplicado en el caso de Osmin y Jeffrey. En 1997, tras una denuncia en la que se afirmaba que ambos permanecían solos mientras su madre trabajaba, los hermanos —de siete y un año de edad, respectivamente— fueron separados de su familia e ingresados en distintos hogares, para posteriormente ser adoptados por diferentes familias estadounidenses.
El camino hacia la justicia
La historia comenzó en enero de 1997, cuando ambos niños fueron retirados por personal de la Procuraduría General de la Nación e internados en la Asociación Los Niños de Guatemala.
Durante meses, familiares, entre ellos Flor Escobar, abuela materna de los niños, intentaron obtener su custodia sin éxito. Según la denuncia, los padres nunca fueron debidamente notificados y tampoco se realizaron gestiones para ubicar a otros familiares que pudieran hacerse cargo de ellos.
El proceso estuvo marcado por irregularidades que culminaron con la adopción de los hermanos por familias distintas en Estados Unidos, a mediados de 1998.
Para Osmin, la adopción significó un profundo desarraigo cultural. Al crecer en un entorno de habla inglesa, perdió el dominio del español y, ya en su vida adulta, tuvo que reaprender el idioma de su familia y de su país de origen.
Por su parte, Gustavo agotó las instancias judiciales nacionales y posteriormente recurrió a los medios de comunicación para localizar a su hijo. Gracias a esos esfuerzos, Osmin logró restablecer el contacto con su familia en Guatemala y el caso llegó al sistema interamericano de derechos humanos.
En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso a petición de las organizaciones Casa Alianza, Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Posteriormente, en 2015, se determinó la responsabilidad del Estado de Guatemala por violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
La sentencia emitida el 9 de marzo de 2018 ordenó diversas medidas de reparación, entre ellas un acto público de reconocimiento de responsabilidad, la producción de un documental audiovisual, la publicación de la sentencia y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control sobre la institucionalización de niñas y niños.
Un aporte a la memoria histórica
El 12 de julio de 2024, el presidente Bernardo Arévalo, acompañado por la vicepresidenta Karin Herrera, ofreció disculpas públicas, en nombre del Estado de Guatemala, a las víctimas del caso.
Dos años después, el 12 de julio de 2026, se avanzó en el cumplimiento de la sentencia con la presentación del documental «Fuimos Comprados, la historia de los hermanos Tobar-Ramírez».
La actividad, organizada por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), en colaboración con el Departamento de Apoyo a la Creación Artística (CREA), se realizó en el Teatro de Cámara «Hugo Carrillo» y contó con la presencia de Osmin, Flor de María y Gustavo, así como de sus familiares, representantes de COPADEH, CREA y de la vicepresidenta Karin Herrera, en representación del Estado de Guatemala.
Al concluir la proyección se desarrolló un conversatorio con representantes de las víctimas, integrantes de la CIDH, Leonel Dubón, de Refugio de la Niñez, y el director Saúl Martínez, quienes reflexionaron sobre el impacto humano y social del caso.
Durante este espacio, Osmin expresó: «Aquí estamos, aquí está la memoria, aquí está la resistencia, aquí está Guatemala», evocando además las palabras de monseñor Juan José Gerardi: «Guatemala, nunca más».
A través de esta producción audiovisual se recupera una de las miles de historias de niñas y niños que fueron separados de sus familias mediante adopciones ilegales, reafirmando el papel del arte como una herramienta para preservar la memoria histórica, promover la reflexión y contribuir al cumplimiento de la justicia.