Jonathan Menkos Zeissig, ministro de Finanzas Públicas de Guatemala
Hay una pregunta que parece obvia, pero que no había sido posible responder en Guatemala: ¿Quién está detrás de las empresas que venden bienes y servicios al Estado? No el nombre de la sociedad anónima — ese dato siempre estuvo disponible—, sino el nombre de la persona de carne y hueso que cobra, que gana el contrato, que se lleva el dinero que entre todos pagamos. La respuesta, durante años, fue: no se sabe. Y no se sabía porque así lo prefería quien más se beneficiaba de esa opacidad.
Las estructuras corporativas opacas han sido, durante décadas, uno de los instrumentos favoritos para desviar fondos públicos, evadir impuestos y construir redes de corrupción que se alimentan del presupuesto nacional. No todos los proveedores del Estado esconden algo; de hecho, la mayoría no. Pero la opacidad es precisamente la condición que hace posible el saqueo: cuando nadie sabe quién es quién, nadie puede pedir cuentas.
Por eso, desde el Ministerio de Finanzas Públicas impulsamos una medida que parece elemental, pero que en Guatemala no existía: si se quiere ser proveedor del Estado, se tiene que estar dispuesto a revelar quién es el beneficiario de dicho negocio. No el nombre de una empresa, sino el de la persona o personas que, en última instancia, controlan las decisiones y terminan siendo los receptores finales de recursos públicos.
Quienes se opusieron argumentaron que revelar los nombres de los accionistas violaba la privacidad y restringía la libertad de comercio. Pero hay una pregunta incómoda detrás de ese argumento: ¿Por qué le desagrada a alguien que el Estado sepa con quién está haciendo negocios? ¿Qué hay detrás de una sociedad anónima que sus dueños prefieren que no se vea?
Las empresas más exitosas del mundo ya respondieron esa pregunta hace tiempo, y la respondieron con hechos. Apple publica anualmente la lista de proveedores que representa el 98% de su gasto en manufactura y materiales. Unilever fue la primera empresa global en revelar públicamente toda su cadena de proveedores de aceite de palma, declarando que necesitaba “transparencia completa para una transformación real”. Walmart rastrea, con tecnología de cadena de bloques, el origen de cada producto en sus estantes. Estas no son empresas ingenuas ni enemigas del mercado: son las más competitivas del planeta, y saben que conocer a sus proveedores no es una carga, sino una ventaja.
La Corte de Constitucionalidad confirmó lo que este gobierno ha afirmado: la transparencia en la contratación pública no vulnera derechos; los garantiza. Declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra el reglamento del ministerio, confirmando que exigir la identificación de beneficiarios finales es legítimo, razonable y proporcional. El derecho a la privacidad no incluye el derecho a esconderse detrás de una sociedad anónima para hacer negocios con el Estado.