Por Irene De León
El pasado 17 de abril se publicó en el Diario Oficial la resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad (CC), que deja sin efecto la suspensión de una norma para identificar a las personas que realmente se benefician de los negocios que realizan con el Estado. Esta decisión fortalece la transparencia en las contrataciones públicas.
La resolución elimina la suspensión provisional del numeral II de la literal d) del artículo 9, “Sociedades Mercantiles” del Acuerdo Gubernativo Número 133- 2024, reformado por el Acuerdo Gubernativo Número 208-2024, lo que permite que la normativa se aplique.
A partir de ahora, las sociedades mercantiles deberán incluir información más detallada cuando actualicen su inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).
Esto implica presentar información acerca de sus accionistas y las personas físicas que, directa o indirectamente, tienen el control final de la empresa.
Esta información deberá entregarse de manera formal, firmada y sellada por el órgano de administración de cada sociedad.
¿Para qué sirve?
El objetivo es identificar a quiénes están detrás de las empresas que proveen bienes y servicios al Estado, y garantizar que cumplan con la Ley de Contrataciones del Estado.
Esto permite evitar que participen proveedores que:
- No están al día con el pago de impuestos o pagos al Seguro Social
- Tengan sentencias firmes por delitos
- Sean funcionarios o dignatarios de la nación, empleados bajo relación de dependencia, renglón 011, contratistas en los renglones 029 o 189
- Hayan financiado campañas políticas
La CC concluyó que esta medida tiene un fin legítimo: prevenir la opacidad, corrupción o simulación de la contratación pública.
Además, determinó que, no viola la privacidad de documentos y registros privados ni limita la libertad de industria o comercio -que garantizan los artículos 24 y 43 de la Constitución Política de la República-, ya que la información se entrega de forma voluntaria dentro de un proceso administrativo con reglas de confidencialidad para proteger los datos.
Certidumbre para los proveedores
Esta disposición forma parte de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la transparencia, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, indicó que antes de la suspensión temporal de la normativa, cerca del 65% de los proveedores ya había cumplido con ese requisito.
También destacó que conocer los proveedores es una práctica común en empresas exitosas a nivel mundial, ya que permite garantizar transparencia, trazabilidad y relaciones comerciales confiables.
Esta práctica es una ventaja competitiva que el Estado también debe aplicar, considerando que se trata de recursos públicos, añadió.
Próximos pasos
El Registro General de Adquisiciones del Estado, gestionado por el Ministerio de Finanzas Públicas, realizará los ajustes necesarios para implementar nuevamente el requerimiento de información y su cumplimiento.
