El Gobierno de Guatemala, a través de la Secretaría Privada de la Presidencia y en coordinación con instituciones del sector agrario y registral, avanzó en el análisis de mecanismos para fortalecer la certeza jurídica, la regularización de tierras comunales y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y ancestrales, durante la vigésimo quinta Asamblea de Diálogo Permanente del Presidente República y Autoridades Indígenas y Ancestrales de Guatemala.
La sesión reunió a representantes de cinco instituciones del Estado con responsabilidad directa en la gestión y regularización de tierras: el Registro General de la Propiedad, el Segundo Registro de la Propiedad, el Fondo de Tierras (Fontierras), el Registro de Información Catastral (RIC) y la Oficina de Control de Áreas de Reserva Territorial del Estado (OCRET), quienes expusieron avances institucionales, herramientas jurídicas y procesos técnicos vinculados al ordenamiento territorial y la seguridad jurídica de la tierra.
La subsecretaria Privada de Asuntos y Relaciones Políticas de la Presidencia, Mónica Mazariegos, destacó que el trabajo interinstitucional ha permitido abrir rutas concretas para atender problemáticas históricas relacionadas con la propiedad comunal.
“Las guías registrales y las mesas técnicas han permitido empezar a incorporar una visión que históricamente no existía en el sistema jurídico y registral del país: el reconocimiento de la propiedad comunal y de las formas propias de organización de los pueblos indígenas”, afirmó.
Mazariegos también resaltó el aporte de autoridades indígenas y representantes comunitarios en la construcción de propuestas técnicas para fortalecer los procesos registrales y administrativos relacionados con tierras comunales.
El Segundo Registro de la Propiedad reportó resultados derivados de las jornadas de formación coordinadas por la Subsecretaría Privada de Asuntos y Relaciones Políticas de la Presidencia. A partir de este proceso, la institución identificó fincas históricamente inscritas a nombre de municipalidades y “comunes del pueblo” que habían sido operadas incorrectamente, confundiendo la representación legal del alcalde municipal con la del común indígena. Casos como Chiantla, San Juan Olintepeque, Paquí y Cantel evidenciaron situaciones que actualmente están siendo corregidas mediante criterios registrales específicos. Como resultado, la institución trabaja en una guía registral especializada en tierras comunales, orientada a establecer criterios sobre representación legal, documentación exigible y calificación registral con pertinencia cultural.
Por su parte, el Registro General de la Propiedad informó sobre la creación de rutas técnicas y directrices internas orientadas a facilitar la inscripción y reconocimiento de propiedades comunales, así como la apertura de oficinas registrales en distintos departamentos del país y la implementación de servicios electrónicos para facilitar el acceso a la información y presentación de documentos a distancia.
El Fondo de Tierras presentó el procedimiento establecido en el Decreto 27-80, mecanismo que permite regularizar propiedades privadas cuyos propietarios o herederos no pueden ser localizados y que actualmente son poseídas y trabajadas de manera comunitaria por pueblos indígenas y campesinos.
Asimismo, el Registro de Información Catastral informó sobre los avances en el proceso catastral nacional y el reconocimiento de tierras comunales. Según datos compartidos durante la Asamblea, actualmente existen 40 tierras comunales declaradas, de las cuales 25 corresponden a poblaciones indígenas y 14 fueron reconocidas durante la actual administración.
La Oficina de Control de Áreas de Reserva Territorial del Estado, expuso avances en modernización tecnológica, digitalización de información histórica y actualización catastral en áreas de reserva del Estado. La institución informó sobre procesos de coordinación con comunidades y municipalidades para fortalecer la certeza jurídica territorial, así como proyectos de delimitación y levantamiento geográfico en territorios como el Lago de Atitlán y el municipio de Moyuta, Jutiapa.
Durante la plenaria, la subsecretaria Mazariegos informó además sobre los avances en la implementación del artículo 30 Bis relacionado con propiedad comunal, así como la elaboración de una circular interinstitucional y una guía práctica para orientar su aplicación en las instituciones del Estado.
También se abordaron temas vinculados a la Ley Temporal para la Regularización de Inmuebles del Ministerio de Educación, el fortalecimiento de radios comunitarias, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de frecuencias radiales y los avances del proyecto de Ley de Aguas impulsado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
El presidente Bernardo Arévalo reiteró que el Gobierno mantiene la voluntad política de avanzar en soluciones estructurales relacionadas con tierra, agua, territorio y derechos de los pueblos indígenas, mediante procesos de diálogo permanente y coordinación interinstitucional.
La Asamblea de Diálogo Permanente continúa consolidándose como un espacio de articulación entre autoridades indígenas y el Gobierno de Guatemala para impulsar acuerdos, reformas y mecanismos orientados al fortalecimiento de los derechos colectivos y la gobernanza territorial en el país.