Por Virginia Contreras
La discusión de la iniciativa 6593, que contiene la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presentada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, continúa en el Congreso de la República en medio de llamados del Ejecutivo para que el análisis se mantenga en el plano técnico y sin modificaciones que debiliten su alcance.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, señaló que la normativa es crucial para sostener la confianza internacional en Guatemala y garantizar condiciones favorables para el comercio y la inversión.
“Es una ley tan importante que de ella depende, en buena medida, la posibilidad de que nuestro país logre el grado de inversión, que es un trabajo al que estamos dedicados a tiempo completo”, explicó el funcionario.
La actualización del marco legal es necesaria para evitar que el país sea incluido en una “lista gris” de vigilancia internacional, situación que podría derivar en restricciones financieras y afectar la competitividad nacional.
“Es una norma tan importante que va a permitir que Guatemala conserve su atractivo para el comercio. De lo contrario, si no actualizamos el marco legal, nos arriesgamos a ingresar en una lista gris en la cual se imponen restricciones en la materia”, advirtió el funcionario en declaración a los medios de comunicación.
El titular de Finanzas explicó que el avance de la iniciativa ha enfrentado retrasos debido a las enmiendas presentadas durante el proceso legislativo, aunque enfatizó que la propuesta original fue elaborada por especialistas y sometida a revisión constitucional, si hubiese dudas los congresistas pueden consultar a la Corte de Constitucionalidad.
Subrayó en que el Organismo Legislativo debe desarrollar un análisis técnico riguroso para evitar que el contenido pierda efectividad frente a los estándares internacionales de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Este esfuerzo coincide con la llegada, la próxima semana, de una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para evaluar las acciones del Estado.
Según el cronograma oficial, el país debe mostrar avances en el Congreso y, posteriormente, ejecutar una hoja de ruta de implementación durante los siguientes seis meses.
Preocupación gremial
La iniciativa 6593 avanzó hasta el tercer debate, pero su aprobación ha visto retrasada por múltiples enmiendas.
El escenario actual mantiene en alerta a sectores técnicos y empresariales. La Superintendencia de Bancos (SIB) advirtió que algunas de las modificaciones propuestas por los diputados podrían restarle fuerza a la persecución del delito.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), junto a diversas cámaras, se sumó a la presión de los socios comerciales para exigir que la ley se ratifique de forma íntegra y sin alteraciones que comprometan su efectividad.