La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) y la Embajada de la República de China (Taiwán) en Guatemala suscribieron un Acuerdo de Cooperación para implementar conjuntamente el “Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Desastres en Guatemala”, enfocado en reducir los riesgos que enfrentan las comunidades del departamento de Alta Verapaz.
El proyecto será implementado por la Misión de Servicio a la Inversión y al Comercio en Centroamérica, de la República de China (Taiwán), en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED). Las acciones se concentrarán en la cuenca del río Cahabón y en siete municipios de Alta Verapaz, donde se busca fortalecer las capacidades comunitarias y técnicas para anticipar, responder y reducir los impactos de eventos adversos.
Como parte de este esfuerzo, se modernizará el sistema de monitoreo multirriesgo y se establecerán Sistemas de Alerta Temprana accesibles para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. También, se impulsará la preparación comunitaria y la consolidación de las Instancias Municipales de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (IMGIRD), fortaleciendo su coordinación con el sistema CONRED.
Al finalizar el proyecto, se prevé que el 75% de la población ubicada en zonas susceptibles a inundaciones y deslizamientos de los siete municipios de Alta Verapaz reciba las alarmas emitidas por la plataforma de alerta temprana, de conformidad con el Protocolo de Alerta Común.
El convenio fue suscrito por Claudinne Ogaldes, Secretaria Ejecutiva de CONRED, y Vivia Chang, Embajadora de la República de China (Taiwán), quienes formalizaron este compromiso de cooperación orientado a fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión integral del riesgo de desastres.
La cooperación reafirma la importancia de sumar capacidades, tecnología y conocimiento para fortalecer la gestión integral del riesgo de desastres. El Acuerdo de Cooperación entrará en vigor a partir de su firma y tendrá una duración de tres años, periodo durante el cual las instituciones participantes trabajarán de manera articulada para contribuir a comunidades mejor preparadas, informadas y protegidas.
¡La prevención es tarea de todos!