Por Virginia Contreras
Guatemala se enfrenta a una semana crucial con la posible aprobación en el Congreso de la República de la iniciativa 6593, que contiene la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento contra el Terrorismo, la cual es vital para el crecimiento económico y la atracción de inversiones.
La discusión de la iniciativa, presentada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, se produce justo cuando en el país se encuentra una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que evalúa el contexto macroeconómico y fiscal bajo el Artículo IV.
Acerca de este tema decisivo para la política económica, se refirió el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, durante su participación en la presentación del informe desarrollo en las Américas Mercados para el desarrollo: Cómo la competencia puede mejorar vidas, presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El funcionario señaló que contar con este marco regulatorio actualizado es el requisito indispensable para mantener el ritmo de desarrollo actual, generar empleo y asegurar la confianza de los mercados globales, por lo que urgió al Legislativo a consolidar los consensos políticos antes de que finalice la semana.
“Contar con esta ley es vital no solo para la continuidad del crecimiento económico y la atracción de inversiones de nuestro país, sino también para poder conseguir el grado de inversión. La no aprobación sería el peor mensaje en materia económica que puede enviar el Estado de Guatemala y el Congreso en particular”, puntualizó el ministro Menkos.
Riesgo de lista gris
El panorama actual mantiene optimistas a las agencias calificadoras internacionales, las cuales consideran la normativa como el elemento definitivo para que Guatemala avance y alcance el grado de inversión.
Bajo esta perspectiva, el jefe de la cartera del Tesoro reconoció que, de no aprobarse el proyecto, las agencias se verían obligadas el próximo año a evaluar el estatus del país según las decisiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que podría alterar las perspectivas actuales y provocar una rebaja en las calificaciones.
El principal peligro macroeconómico radica en ingresar a la denominada «lista gris». La experiencia de otros países de la región demuestra que caer en estos listados genera un escenario de inestabilidad financiera del cual recuperar la credibilidad del mercado exige un camino técnico largo y riguroso.
Ajustes operativos
Más allá de la aprobación en el pleno del Congreso, para lo cual se necesita de 107 votos, existe expectativa a nivel internacional por los tiempos requeridos para la posterior implementación de la ley contra lavado de dinero.
Al respecto, se detalló que diversas entidades técnicas ya se encuentran discutiendo las reformas institucionales y las propuestas de reglamentos; para el Ministerio de Finanzas Públicas es indispensable contar con la ley aprobada para terminar de afinar el marco operativo final que resguarde la economía de las familias guatemaltecas.
La propuesta de ley busca actualizar los mecanismos de supervisión e investigación financiera del país, endureciendo las sanciones contra las transacciones ilícitas y ampliando el catálogo de personas y sectores obligados a reportar operaciones sospechosas.
Con estas reformas, el marco jurídico guatemalteco se alinea con las 40 recomendaciones del GAFI, dotando a la Superintendencia de Bancos (SIB) y a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de herramientas tecnológicas y operativas más eficaces para prevenir el desvío de recursos y proteger la integridad del sistema económico nacional.