Por Virginia Contreras
Guatemala puso en vigencia un nuevo y estricto marco de fiscalización financiera tras la entrada en vigor de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Decreto Número 15-2026). La normativa busca actualizar las herramientas legales del país y alinearlas con los convenios y estándares internacionales en la materia.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, dio a conocer los alcances de la ley durante su participación en la 26ª edición de las Conferencias sobre Supervisión Financiera de la Superintendencia de Bancos (SIB), realizadas en la Universidad del Valle.
El funcionario destacó que este paso consolida la modernización del sistema económico nacional. “Guatemala sigue transformando, Guatemala sigue modernizando y Guatemala sigue en el camino de liderazgo en Centroamérica. Las normas son una parte del camino; la solidez depende también de contar con capacidades técnicas, coordinación institucional, vigilancia efectiva y una cultura compartida de cumplimiento”.
Fin del anonimato
Con esta ley se refuerzan las obligaciones de reporte y debida diligencia para bancos, aseguradoras y los sectores calificados como “Personas Obligadas”. A partir de ahora, estas entidades deben mantener registros detallados sobre la identidad de sus clientes, el beneficiario final y el origen de los fondos.
Esa información permitirá a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) generar inteligencia financiera y trasladar de forma más ágil los datos al Ministerio Público cuando existan sospechas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Además, establece penas de prisión y multas elevadas para quienes financien actos terroristas u oculten recursos de origen ilícito. Asimismo, aumenta las sanciones administrativas —que van desde USD 500 hasta USD 300 mil— para las entidades que omitan las reglas de debida diligencia, monitoreo y reporte.
La normativa también fortalece los controles sobre operaciones en efectivo, transferencias y movimientos de dinero considerados de mayor riesgo, incluidos los de carácter internacional y transfronterizo. Además, ordena a la IVE resguardar la información con medios tecnológicos adecuados y medidas de seguridad.
Grado de inversión
Los resultados de este ordenamiento legal se vinculan de forma directa con la evaluación de riesgo país ante las calificadoras internacionales. A este respecto, el ministro señaló que la aplicación de estas medidas de transparencia sitúa a las finanzas de Guatemala a un peldaño de alcanzar el grado de inversión.
“Las calificadoras de riesgo han visto con muy buenos ojos la aprobación de este nuevo marco vinculado a la lucha contra el lavado de dinero. Ahora mismo estamos en la construcción del reglamento, un esfuerzo de cocreación que lidera la Superintendencia de Bancos y en el que participa el Ministerio de Finanzas. Esta es una de las grandes reformas que esperaban las calificadoras y nos acerca al grado de inversión, estando a solo un peldaño de conseguirlo”, indicó.
Añadió que para el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, es importante la discusión de temas relacionados con el cuidado y la transformación del sistema financiero, que no requiere solo de normas actualizadas sino también de las capacidades técnicas y de innovación, coordinación institucional y supervisión que se anticipe a los riesgos y amenazas.
“Nuestro país va por un camino bueno en medio de todas las incertidumbres, estamos creciendo por encima de lo que crece Centroamérica y América Latina (…) y en ese marco de éxito nacional se necesita una institución robusta como la Superintendencia de Bancos”, finalizó.