El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Mario Rojas Espino, dirigió el taller de socialización del Reglamento 164-2021 para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes.
El reglamento es una norma técnica de cumplimiento para todos los sectores y habitantes del país. Regula la clasificación de los residuos y desechos sólidos, la recolección, traslado, almacenamiento y disposición final. A partir de agosto de 2023 comenzará la separación primaria de la basura, y dos años después la secundaria.
“Se pide el compromiso de los guatemaltecos de comenzar con la clasificación de los desechos desde sus hogares, tienen la obligación de separar en orgánicos e inorgánicos durante los primeros dos años. Con este reglamento ponemos a Guatemala a la altura de los países desarrollados en el tratamiento de los desechos sólidos”, expresó el ministro ante los delegados del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Rojas Espino anunció una gira a nivel nacional con los alcaldes de los 340 municipios, con quienes se reunirá para socializar el 164-2021 y aclarar dudas sobre su implementación. En Petén, el viernes 11 de febrero, será el primer encuentro con los ediles.
Durante el taller se dio a conocer que el 53 por ciento de la basura en Guatemala corresponde a desechos orgánicos, 14 por ciento son sanitarios, nueve por ciento plásticos, seguido de papel y cartón, vidrio, latas, entre otros.
Las autoridades del MARN expusieron que la cartera coordinará con las municipalidades la elaboración de planes relativos a la gestión integral de la basura, planes que serán revisados anualmente y actualizados cada cinco años. Por su parte, el Ministerio de Ambiente elaborará las guías necesarias para desarrollar los planes municipales.
Asimismo, el ministerio apoya a los gobiernos locales en la elaboración de estudios de caracterización de residuos y desechos sólidos comunes.
El Reglamento 164-2021 también contempla campañas educativas en conjunto con los ministerios de Salud Pública y Educación, con el objetivo de promover en la población la práctica de las normas sanitarias.
La regulación estipula la obligación de denuncia a toda persona, especialmente funcionarios y empleados públicos, que tengan conocimiento de algún hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones. Las sanciones van desde uno hasta 40 salarios mínimos.
