Por Virginia Contreras
La consolidación de un mercado competitivo y la puesta en marcha de la Superintendencia de Competencia son pilares estratégicos para acelerar la dinámica financiera de Guatemala y alcanzar el grado de inversión.
Así lo dio a conocer el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, durante la presentación del informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Desarrollo en las Américas: Cómo la competencia puede mejorar vidas.
Destacó que el fortalecimiento de la gobernanza y la transparencia en la gestión de los recursos son los motores indispensables para respaldar la solvencia soberana ante los mercados globales.
El establecimiento de reglas claras para la inversión privada y la modernización institucional resultan imperativos para traducir la actual estabilidad macrofiscal en un impacto social tangible.
Bajo esta perspectiva, el titular de la cartera del Tesoro enfatizó que blindar la competitividad del país asegura una plataforma eficiente que optimiza la calidad del gasto público, estimula la atracción de capitales y fortalece la recaudación tributaria sin alterar las reglas del juego.
Un cambio de rumbo
Tras la aprobación de la Ley de Competencia, se sentaron las bases para un ecosistema económico que evite la manipulación de precios y fomente mercados justos, abiertos e innovadores.
En ese sentido, el funcionario retomó los hallazgos del informe emitido por el organismo financiero internacional, el cual expone que una «competencia débil» no es inevitable, sino el reflejo de decisiones políticas e institucionales que hoy se están corrigiendo en el país mediante la creación de entidades independientes y burocracias competentes.
“La Ley de Competencia marcó un parteaguas en nuestro país. El objetivo es estimular la innovación, mejorar la calidad de los productos y generar un entorno más atractivo para continuar la inversión y el empleo”, puntualizó Menkos Zeissig.
En el ámbito macroeconómico, el funcionario confirmó que Guatemala mantiene un ritmo de crecimiento sólido, cerrando el año anterior con una tasa del 4.3% en términos reales y proyectando un dinamismo cercano al 4% para el ejercicio en curso.
Este desempeño responde a una gestión macrofiscal responsable basada en tres pilares estratégicos:
- El dinamismo de la inversión privada y el esfuerzo de los trabajadores dentro y fuera de las fronteras.
- Una política fiscal estratégica que incrementa la recaudación optimizando los impuestos actuales, sin cambiar las reglas del juego ni aumentar la carga tributaria.
- El manejo estratégico de la deuda pública —una de las más bajas del continente—, utilizándola exclusivamente para infraestructuras y grandes inversiones de desarrollo.
Alianza estratégica
De manera complementaria, el paquete de reformas impulsado bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo incluye la reciente reestructuración de la Ley de Alianzas Público-Privadas, diseñada para agilizar la captación de inversiones compartiendo riesgos y resultados entre el Estado y el sector empresarial.
Con estas acciones, la hoja de ruta de la política fiscal proyectada hacia el año 2028 se mantiene firmemente anclada a los principios de sostenibilidad y sanidad de las finanzas públicas.