Jonathan Menkos Zeissig, ministro de Finanzas Públicas de Guatemala y miembro de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala
Existe una diferencia significativa entre gobernar con transparencia y simplemente administrar cifras. El Informe de Estabilidad Financiera (IEF), elaborado por el Banco de Guatemala (Banguat) con el apoyo de la Superintendencia de Bancos (SIB), es una declaración de valores: se evalúa para proteger. La Junta Monetaria ha solicitado su publicación como un mensaje claro para la sociedad: en Guatemala los datos no se ocultan, los riesgos se identifican con rigor técnico y honestidad, con lo cual la vigilancia del sistema financiero se convierte en una responsabilidad asumida con seriedad.
La confianza de personas y empresas sobre el sistema financiero no se decreta: se construye con base en lo concreto y verificable. Para las principales agencias calificadoras internacionales (como Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s) y para los emprendedores e inversionistas que evalúan dónde y qué hacer con su capital, la transparencia es una moneda de alto valor.
En 2025, nuestra nación consolidó su mejor calificación en la historia, en estas tres agencias, respaldada por años de estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas y un perfil externo sólido. El IEF refuerza ese capital de credibilidad y nos acerca al Grado de Inversión: la puerta de entrada a financiamiento más accesible y, con ello, más recursos para el desarrollo del país.
Guatemala ha dado un paso de madurez institucional que merece reconocimiento.
Los resultados que presenta este informe —con cifras a diciembre de 2025— ofrecen una imagen alentadora. El sistema bancario guatemalteco opera con un Índice de Adecuación de Capital del 15.5%, muy por encima del mínimo legal del 10%. En términos sencillos: los bancos que operan en el país cuentan en promedio con un colchón sólido de seguridad para absorber pérdidas incluso en escenarios adversos. La liquidez es igualmente robusta, con capacidad para responder ante retiros masivos de dinero sin comprometer el funcionamiento del sistema. Las pruebas de estrés —simulaciones que incluyen bajas en el crecimiento económico, presiones en el tipo de cambio e inflación elevada— confirman que el sistema permanecería solvente incluso en los escenarios más exigentes.
¿Por qué debería importarle esto a todas las personas? La respuesta es clara. La estabilidad financiera es un bien común, como la seguridad o la educación. Cuando
el sistema funciona bien, el crédito fluye: las familias pueden adquirir vivienda, los emprendedores pueden financiar sus negocios y las empresas pueden crecer y generar empleo. Cuando el sistema falla, el daño no lo absorben solamente los responsables de provocar el problema: lo pagan todos los hogares, con ahorros en riesgo, créditos congelados y con tasas mayores, en los peores casos, con rescates bancarios que merman el patrimonio de las familias y cuestan dinero público.
La vigilancia preventiva que hace posible el IEF es, precisamente, un mecanismo de protección para la ciudadanía. Monitorear los riesgos antes de que escalen es una responsabilidad de Estado. Y esa responsabilidad se ejerce con esfuerzos como el realizado por técnicos experimentados y cuando la información es pública para que cualquier agente económico —nacional o internacional— pueda examinar los datos y construir una opinión informada.
Guatemala ha dado un paso de madurez institucional que merece reconocimiento. El Banguat y la SIB no solo producen información: la comparten porque la transparencia fortalece el sistema financiero. En un contexto internacional como el actual, donde la incertidumbre es la norma, esa señal vale mucho.
Un sistema financiero confiable es necesario para promover el desarrollo y la democracia, pues constituye uno de los pilares más importantes para un crecimiento más rápido, sin descuidar el ambiente natural y buscando generar el mayor empleo posible.
*Publicada el 10 de marzo de 2026 en el Diario de Centro América.